Sigue la lluvia de críticas y los mensajes de alerta por las consecuencias que puede tener en el sector inmobiliario el decreto que está ultimando el Gobierno para prohibir los desahucios durante el tiempo que se prolongue el estado de alarma.
Un decreto pactado en el seno de los partidos de coalición que forman el Ejecutivo, que cuenta con el respaldo de otras formaciones como ERC y Bildu, y cuyo objetivo es evitar que los inquilinos vulnerables tengan que marcharse de la vivienda en la que residen de alquiler por no poder pagar la renta.
Diferentes voces del sector inmobiliario defienden la búsqueda de soluciones para ayudar a los hogares que tengan problemas económicos, pero siempre y cuando sean inquilinos legales. Y es que los planes del Gobierno pasan por incluir dentro del decreto a diferentes perfiles de inquilinos: desde los afectados por la crisis del coronavirus a los que ya eran vulnerables antes de que estallara la crisis sanitaria. E incluso los que no tienen contrato de alquiler.
En este sentido, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL)insiste en que el decreto, cuya aprobación está prevista para antes de que termine el año, «supone la legalización de la ocupación ilegal, lo que va a convertir a España en el único país avanzado que permite este tipo de prácticas fuera de la ley y peligrosas«, y cita como ejemplo el incendio de una nave ocupada en Badalona la semana pasada, que dejó más de una veintena de heridos y tres fallecidos.
Según el asociación, «si se aprueba el decreto con la propuesta actual, los propietarios de vivienda en alquiler afectados reclamarán al Estado responsabilidades por expropiación del derecho de uso de sus activos. El decreto generará, asimismo, un efecto llamada a nuevas ocupaciones» y creará «inseguridad jurídica en el mercado de la vivienda», una teoría que comparten fondos de inversión y también consultoras especializadas en el negocio inmobiliario.
Y añade que «este texto legal puede dar lugar también responsabilidades de tipo penal para el Estado en el caso de que se produzcan conflictos en las viviendas ocupadas tras la aplicación del decreto, ya que los propietarios se verán privados de su derecho de propiedad y no podrán garantizar la seguridad de su vivienda».
La asociación también aclara que los propietarios que forman parte de ASVAL se muestran a favor de «buscar soluciones para los inquilinos con dificultades temporales para pagar las rentas de sus alquileres por efecto de la crisis generada por la pandemia. Sin embargo, se manifiestan totalmente en contra de ofrecer estas mismas soluciones a los ocupas ilegales».
A pesar de que el decreto propuesto establece que los servicios sociales serán los encargados de acreditar la vulnerabilidad de las familias y las comunidades autónomas las que les proporcionarán un alojamiento alternativo en un plazo de tres meses, Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, insiste en que «las Administraciones Autonómicas carecen de un parque de vivienda social suficiente para garantizar este realojo», ya que en España solo el 2,5% del parque residencial es vivienda social, frente al 30% de Países Bajos o al 17% de Francia.
Toribio también alerta de que el decreto, lejos de lograr su objetivo, “perjudicará a los colectivos con menores recursos, ya que habrá menos oferta de vivienda, será más cara y los propietarios priorizarán a los inquilinos más solventes”. Y también tendrá consecuencias para el sector inmobiliario, ya que frenará su profesionalización y desarrollo y contradice las recomendaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que advierte de los riesgos de sobreproteger a los inquilinos y sobrerregular el sector».
En este sentido, ASVAL sale en defensa de los grandes tenedores de vivienda, a los que considera «cruciales para el desarrollo del este mercado en España», aunque para ello es necesario que exista «seguridad jurídica para mantener sus inversiones en nuestro país», y se suma a quienes tildan de desproporcionada la medida que quiere poner en marcha el Gobierno, ya que intenta cargar al sector privado la obligación de la Administración de buscar una solución al problema social de la vivienda.
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